La ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ solicita una reunión al Defensor del Pueblo Andaluz “para garantizar el Plan Director de la Catedral”

La plataforma contra las inmatriculaciones exige que “se actúe para asegurar la conservación y uso de nuestro patrimonio ante la desidia de la Junta de Andalucía”

Tras la queja registrada por la ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’, el Defensor del Pueblo Andaluz emitió una resolución instando al gobierno autonómico a elaborar, discutir y aprobar un Plan Director de la Catedral de Sevilla para garantizar “la supervisión, control y autorización de las actividades desplegadas en el conjunto monumental”.

Según el informe de Maeztu, “el rango cultural de dichos elementos [Catedral, Giralda y Patio de los Naranjos] exige la disposición de un instrumento formal y válido que podría articularse en un Plan de Gestión, o herramienta análoga, que permitiera aplicar desde la Administración Autonómica las metodologías y sistemas de gestión actuales y eficientes, en condiciones análogas a las que existen en otros espacios culturales de relevancia”. En este sentido, desde la Plataforma recuerda que el artículo 36 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce como deber el de “cuidar y proteger el patrimonio público, especialmente el de carácter histórico-artístico y natural”.

Desde la Plataforma entienden que “la Junta de Andalucía está incumpliendo gravemente sus obligaciones” por no impulsar la aprobación de un Plan Director que regule el uso, explotación y mantenimiento de la Catedral, la Giralda y el Patio de los Naranjos.

Por eso mismo, han solicitado en el día de hoy una nueva reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz “para articular una solución de forma coordinada” y para que la institución dirigida por Jesús Maeztu “de una respuesta rotunda ante la desidia del gobierno autonómico”.

Para finalizar, la ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ ha recordado la importancia de garantizar un Plan Director de la Catedral de Sevilla “para mejorar la transparencia en la gestión de este bien cultural, garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de los principios constitucionales que exige a las Administraciones Públicas conservar y proteger el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España”.

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