La ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ lamenta las palabras de la consejera de Cultura sobre la titularidad del patrimonio de la Iglesia

La plataforma ciudadana cuestiona que se invierta dinero público para el mantenimiento y conservación de bienes inmatriculados por la jerarquía de la Iglesia Católica “sin que se devuelva la propiedad”

La plataforma ciudadana, surgida con el objetivo de denunciar las inmatriculaciones llevadas a cabo por la jerarquía de la Iglesia Católica, ha criticado las palabras de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, sobre la titularidad del patrimonio. Y es que, según la plataforma, “la consejera habría quitado hierro a un asunto tan grave como las ilegítimas inmatriculaciones al afirmar que a los turistas que vienen a Andalucía les da igual quién es el titular del patrimonio”.

Estas declaraciones han sido recogidas por la prensa sevillana al informar de la intención del ejecutivo andaluz de recuperar la comisión mixta con la Iglesia cuyo fin era el de colaborar en la rehabilitación del patrimonio religioso y que no se reunía desde 2013. Uno de los edificios de la capital hispalense que se benefició de esta colaboración fue la iglesia de Santa Catalina.

En este sentido, la plataforma recuerda “el sangrante caso de Santa Catalina” y es que este templo cambió su propietario en el registro un día antes de la firma de un convenio entre la Archidiócesis y el Ayuntamiento y a tres días de las elecciones locales de 2015. La modificación de la propiedad otorgaba un 11% de la iglesia de Santa Catalina a la hermandad de la Exaltación demostrando así “que la Iglesia robó a sus hermandades y que la jerarquía católica tuvo que rectificar para recibir dinero público del Consistorio”.

Desde la ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ insisten en la obligación de las Instituciones Públicas de conservar y proteger el patrimonio histórico, cultural y artístico que es de todos, pero inciden que “toda ayuda pública debería condicionarse a la devolución del patrimonio inmatriculado”.

Por último, la plataforma ha pedido a la consejera del Pozo “que sea más sensible y atienda las peticiones del Defensor del Pueblo que, ante el cuestionamiento de la apropiación indebida de la Mezquita de Córdoba por la jerarquía católica, lleva tiempo solicitando una gestión compartida donde participe la Junta de Andalucía, o del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideró a las inmatriculaciones como una violación continuada y masiva de los derechos garantizados por la Convención Europea”.

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