La ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ critica el oscurantismo de la Junta de Andalucía sobre los bienes inmatriculados

El Defensor del Pueblo ha tenido que enviar un segundo requerimiento de información ante la falta de respuesta por parte de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla.

La plataforma ciudadana que denuncia los escándalos de las inmatriculaciones llevadas a cabo por la jerarquía de la Iglesia Católica registró el pasado mes de enero un escrito dirigido a Jesús Maeztu para que intercediera ante la Junta de Andalucía para que “proceda a elaborar sin demora y con plena transparencia el Plan Director de todo el Conjunto Monumental (formado por Alcázar, Archivo de Indias, Catedral, Giralda y Patio de los Naranjo)”.

Se solicitaba a la Junta de Andalucía que exigiera a la jerarquía eclesiástica los planes y medidas necesarias de uso, protección y conservación de aquellos bienes inmatriculados del Conjunto Monumental declarado Patrimonio de la Humanidad. Y una vez elaborados estos planes, procediera “a la ejecución, vigilancia y control de su cumplimiento”.

Ante la falta de respuesta por parte del ejecutivo andaluz, el Defensor del Pueblo Andaluz ha dirigido un nuevo escrito a la Junta de Andalucía reiterándole por segunda vez el requerimiento de información.

“Seis meses después, el gobierno andaluz sigue sin informar si la Catedral, la Giralda y el Patio de los Naranjos cuentan con un Plan Director o se está gestionando de forma opaca por parte de la Archidiócesis”, aclaran desde la plataforma.

La plataforma ciudadana muestra su respeto por el uso de los templos y las iglesias para el culto, pero exigen poner fin “a que la jerarquía de la Iglesia se apropie de bienes inmuebles” que forman parte tanto del Patrimonio del Estado y “además los gestionen sin ningún tipo de control por parte de las Administraciones”. En este sentido, desde la Plataforma recuerda que el artículo 36 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce como deber del gobierno el de “cuidar y proteger el patrimonio público, especialmente el de carácter histórico-artístico y natural”.

Por último, exigen a la Junta de Andalucía “que deje de mirar a otro lado y responda a los requerimientos del Defensor del Pueblo”. Desde la plataforma afirman que seguirán trabajando “para recordar el deber legal de las Administraciones Públicas de velar por el patrimonio cultural y arquitectónico y por el cumplimiento de la ley” y exigen a la Junta de Andalucía que “haga público el listado de bienes inmatriculados por la jerarquía de la Iglesia Católica en nuestra Comunidad Autónoma y a que cumplan con su deber de conservar y proteger el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de Andalucía”.

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